Gerardo Vargas Landeros fue removido del cargo como alcalde de Ahome; Antonio Menéndez del Llano fue nombrado en su lugar tras una votación unánime en el Congreso.

Sinaloa, 2 de mayo de 2025.- Los procesos de desafuero contra presidentes municipales en Sinaloa han marcado momentos clave en la política estatal durante las últimas dos décadas. El caso más reciente involucra al ahora exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien fue destituido por el Congreso del Estado tras detectarse presuntas irregularidades en la contratación de patrullas por más de 171 millones de pesos.

Con la salida de Vargas Landeros, el exdiputado Antonio Menéndez del Llano Bermúdez asumió la presidencia municipal de Ahome, luego de presentar licencia definitiva como legislador y recibir el respaldo unánime del pleno.

Este episodio se suma a una cronología de desafueros en Sinaloa, iniciada en 2002 con Jorge Rodríguez Pasos, exalcalde de Mazatlán, quien fue destituido tras una denuncia por violencia intrafamiliar. En 2022, Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, enfrentó un juicio político por omisiones legales y presunto daño a la hacienda pública. Ese mismo año, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres también fue investigado por corrupción, aunque su proceso fue cerrado al haber dejado el cargo.

En el caso de Vargas Landeros, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción detectaron adjudicaciones directas sin sustento legal. El edil solicitó licencia para enfrentar el proceso como ciudadano, siendo reemplazado temporalmente por la regidora Rosa Margarita Velázquez Valdéz, quien solo permaneció unas horas en el cargo antes de ser sustituida.

Durante el actual sexenio del gobernador Rubén Rocha Moya, se han concentrado los casos más significativos de juicio político en el estado. Aunque las acciones tienen sustento legal y técnico, también han abierto el debate sobre la eficacia en la selección de funcionarios y la necesidad de reformas al fuero constitucional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y evitar que el fuero sirva como escudo ante posibles actos de corrupción.

Mientras tanto, parte de la ciudadanía percibe estas decisiones como un avance institucional, aunque también prevalece la exigencia de garantizar que los procesos sean justos y libres de tintes políticos.